El Alto Tribunal dirime si los efectos de la inconstitucionalidad de la sentencia entraron en vigor el 26 de octubre o el 25 de noviembre de 2021
ANIHPL denuncia que la litigiosidad en torno a la tributación local se debe a esquemas tributarios del siglo XIX y golpea a entes locales y contribuyentes
La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) cree que la decisión del Tribunal Supremo de estudiar los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal por parte del Tribunal Constitucional a finales de 2021 puede agravar la inseguridad jurídica que rodea a la tributación local.
En un auto publicado el pasado 18 de enero, el Alto Tribunal asume la cuestión de dirimir si la anulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, entra en vigor el 26 de octubre de 2021 -fecha en que se dictó la sentencia- o el 25 de noviembre de ese mismo año, cuando fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Para los Inspectores de la Hacienda Local, los principales perjudicados por dicha inseguridad jurídica son tanto los contribuyentes como las Administraciones Públicas a nivel local, es decir, ayuntamientos y diputaciones: víctimas todos ellos de la indiferencia del legislador y de la litigiosidad que rodea a los impuestos y tributos. Una situación que, a juicio de la Asociación, está volviéndose insostenible.
El Tribunal Supremo debe por tanto resolver qué ocurre con todos aquellos contribuyentes que impugnaron sus liquidaciones tributarias del IIVTNU entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre. En otras palabras, este Tribunal asume la decisión de si el Constitucional puede modular la eficacia temporal de sus sentencias, algo que, en opinión de ANIHPL, puede provocar un “choque de trenes” entre los dos tribunales.
La Asociación apunta que la decisión del Supremo afectará negativamente a una de las dos partes. O bien a las arcas municipales, que se verán todavía más perjudicadas -en caso de que los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional se produzcan a partir del 25 de noviembre de 2021- o bien a los contribuyentes que impugnaron su liquidación del IIVTNU entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre de 2021.
ANIHPL recuerda que esta litigiosidad no es exclusiva de la plusvalía municipal, sino que concierne también a, entre otros, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
La Asociación sostiene que esta situación deriva de los “esquemas tributarios decimonónicos” sobre los que descansan estos tributos e impuestos. Una arquitectura tributaria que procede del siglo XIX y basada en una tutela estatal que, en muchas ocasiones, condiciona el buen funcionamiento de las haciendas locales.
En este sentido, los Inspectores de la Hacienda Local alertan al legislador sobre el abandono y la discriminación que sufren las haciendas locales, que por tratarse de las administraciones más próximas al contribuyente, sus problemas de financiación e inseguridad jurídica los sufren especialmente los ciudadanos.
