Gestha estima que la Ley Antifraude no ha atajado las bolsas de economía sumergida

Los Técnicos de Hacienda -que realizan hoy el primer balance anual de la Ley Antifraude con motivo de su VII Congreso Nacional que se celebra en Málaga- consideran que esta norma ha supuesto un "paso adelante" en la prevención y lucha contra el fraude pero "poco ambicioso", ya que en lugar de concentrar las investigaciones en los principales focos de economía sumergida, sigue ejerciendo, de forma masiva, un mayor control sobre los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados.

Gestha estima que la Agencia Tributaria no ha sabido aprovechar la "sensibilidad" generada en la sociedad española con motivo de esta ley, para desplazar estas actuaciones masivas hacia las mayores bolsas de fraude, como la que constituyen aquellos profesionales liberales que trabajan por su cuenta y que, en ocasiones, defraudan al Fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.

Sector inmobiliario, refugio idóneo del dinero negro

Gestha reconoce que si bien las actuaciones sobre el sector inmobiliario se han incrementado en este año, la Ley Antifraude no ha contribuido realmente a frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo donde el dinero negro ha encontrado un refugio rentable. En la actualidad, la evasión fiscal en este sector ronda los 8.600 millones de euros anuales y su repercusión sobre la vivienda se sigue produciendo, principalmente, de dos formas.

El primer mecanismo empleado para defraudar se denomina "dar el pase" y consiste en efectuar sucesivas transmisiones que no llegan a formalizarse en documento público, de manera que el nuevo comprador paga un precio por la cesión de la posición del anterior comprador en un contrato privado que queda oculto a la Hacienda Pública. En segundo lugar, se realiza "obligando" al adquiriente a firmar/declarar en la escritura un precio inferior al realmente satisfecho, lo cual incide directamente en el fraude en todos los impuestos que no soportan el comprador, ni el vendedor.

Según el nuevo secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "a pesar de que todavía queda mucho por hacer, es positivo que la Agencia Tributaria haya comenzado, por primera vez, la investigación de las operaciones realizadas con billetes de 500 euros, aunque las investigaciones realizadas apenas superan el 0,03% del total de estos billetes en circulación".

Pequeñas empresas que escapan al control del Fisco

Por otro lado, Gestha estima que la Ley Antifraude no ha solventado las graves deficiencias organizativas que existen en la AEAT y que siguen impidiendo a los Técnicos de Hacienda investigar a las empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros. En la actualidad, el 95,85% de las compañías asentadas en España situadas en este tramo de ingresos – un total de 57.700 sociedades aproximadamente- escapan al plan de lucha contra el fraude.

En este sentido, los Técnicos de Hacienda denuncian que la Ley de Prevención del Fraude ha destinado la mayor parte de las acciones de inspección a la comprobación de empresas que facturan más de 6 millones de euros, cuando en realidad el tejido empresarial español está integrado en su gran mayoría por pymes que, por su dimensión y resultados, no tienen obligación de ser auditadas y que, como se ha demostrado, constituyen un foco potencial de fraude.

Aduanas: "coladeros" de mercancías

En nuestras fronteras, Gestha opina que la Ley Antifraude no ha contribuido a reforzar en este último año los filtros o protocolos de control y seguridad en las aduanas españolas, de manera que continúan siendo auténticos "coladeros" de mercancía de todo tipo de productos procedentes de terceros países, incumpliendo así la normativa comunitaria que recomienda una media del 5% de reconocimientos físicos a la importación.

El colectivo de Técnicos de Hacienda considera "irresponsable" que la Dirección de Aduanas permita que "se salten" los controles -físicos, de identidad y documentales- al que deben estar sometidos los distintos productos por ley y muy especialmente cuando se trata de bienes de consumo y alimentos e relacionados con el consumo y la salud. El pasado verano, el Ministerio de Consumo procedió por motivos de seguridad a la retirada de envases de dentífricos de diversas marcas y juguetes procedentes de países africanos y asiáticos.

Según Mollinedo, "sólo el 0,8% y 2,2% de las importaciones de dentífricos y juguetes, respectivamente, provenientes de terceros países se sometieron al control físico en las Aduanas de España durante el primer semestre de 2007, lo cual demuestra que los filtros o protocolos de control y seguridad no son suficientes, convirtiéndose a veces en auténticos coladeros de mercancía no comunitaria".

Marketing de "actuaciones"

De esta forma, Gestha considera que buena parte de las cifras triunfalistas que la Agencia Tributaria ofrece a la sociedad española para demostrar su eficacia en la prevención del fraude fiscal están envueltas de "marketing", ya que los planes de control y las unidades destinadas a estas actuaciones apenas han variado en este último año.

Además, aclara que el incremento de la recaudación tributaria se debe principalmente al aumento de la actividad económica, y no tanto a la prevención del fraude, cuyos efectos no se dejarán sentir hasta pasados al menos dos o tres ejercicios fiscales desde la puesta en marcha de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.

No obstante, Gestha reconoce la importancia de algunas actuaciones realizadas por la Agencia Tributaria para prevenir el fraude fiscal, como las vinculadas a la investigación de billetes de 500 euros o la detección de tramas fraudulentas de importación paralela de vehículos de lujo e industriales creadas específicamente para defraudar el IVA y el Impuesto de Matriculación.

Un paquete de medidas para prevenir el fraude fiscal

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda consideran "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.

En primer lugar, con objeto de que se puedan cumplir estas medidas y todas aquellas contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, de manera que no se queden en una mera declaración de intenciones, Gestha considera "imprescindible" habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación.

Gestha estima que con este reconocimiento profesional y un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a los países de la Unión Europea, como Francia o Alemania, ello significaría aflorar 90.000 millones de euros y recaudar casi 21.000 millones de euros adicionales -sólo por impuestos- para incrementar el presupuesto para gasto social y otras necesidades. En la actualidad, la bolsa de economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB, lo que supone un montante de 207.000 millones euros.

A continuación, y con el fin de desincentivar la emisión de facturas falsas, los Técnicos de Hacienda plantean reservar el régimen de la estimación objetiva a aquellos empresarios que destinan su actividad exclusivamente al consumidor final.

Por otro lado, Gestha propone considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio, calificando las ganancias derivadas de estas operaciones como renta general tributando dentro de la Base Imponible general al tipo resultante de aplicar la escala general del IRPF, y no al tipo actual del 18% como si fuera renta del ahorro.

Además, plantea propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en este registro, de tal manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo detectar así los "pases".

Según este colectivo, esta medida permitirá la obtención de información a efectos del control tributario y facilitará también el control de la legalidad de los contratos por la autoridad administrativa y la lucha contra cláusulas abusivas o la falta de cumplimiento de las garantías establecidas por la legislación respectiva. Además, esta medida redundaría también en beneficio del consumidor, desde el punto de vista de la seguridad jurídica de estos contratos privados, ya que la compraventa no se perfecciona hasta el otorgamiento de escritura pública.

Este registro administrativo podría centralizarse por los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores, y disponen también de los servicios que mejor conocen y más habituados están a aplicar la legislación sectorial, al tener la mayor parte de las competencias en esta materia.

Asimismo, los Técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas (y por tanto, sin escritura) la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación. Este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.

En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha propone que se apruebe el "valor único de referencia a precios de mercado" para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos estará elaborado en 2008, y se está formando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado. La Dirección General del Catastro tiene en marcha un programa para contar con valores lo más próximos posibles al precio real de los inmuebles.

Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.

Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone lo que se conoce como "inversión del sujeto pasivo", es decir, que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda, que se complementaría con una afección real del inmueble al pago del IVA.

También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los Técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del adquiriente, para asegurar que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida, tal como ocurre actualmente con los no residentes.

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Técnicos del Ministerio de Hacienda