El fraude de estos arrendamientos de litoral supera los 1.200 millones anuales

Gestha calcula que el 66% de los alquileres sumergidos se localizan en provincias costeras

El informe de Gestha -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)- cifra en más de 1.200 millones de euros anuales, las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda en provincias de costa, excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.

Según el informe de Gestha, estos arrendamientos, junto con los protagonizados por los sectores socioeconómicos menos favorecidos, como son los inmigrantes o los estudiantes cuyo domicilio suele ser provisional, son los más propensos a registrar irregularidades.

Las costas de Cataluña y Andalucía concentran el mayor fraude

Por zonas geográficas, el informe de Gestha, que analiza sólo las provincias de costa de cada comunidad autónoma, señala que, del total de las seis autonomías donde más se defrauda en concepto de alquileres “negros” (Cataluña, Madrid, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Baleares), cinco están bañadas por el mar.

La Comunidad Catalana lidera, con más de 521 millones de euros anuales, las rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda en regiones costeras de España. Dentro de esta comunidad, la provincia con mayor fraude en euros por alquileres sumergidos es Barcelona con su Costa del Maresme que, con 439,9 millones de euros no declarados, supera ampliamente al resto de provincias españolas.

Por su parte, Andalucía es la segunda comunidad del litoral con mayor fraude por alquileres sumergidos, con más de 180 millones de euros no declarados. En esta comunidad, hay tres provincias que destacan por su fraude sobre las demás provincias andaluzas: la Costa de la Luz (compuesta por Cádiz y Huelva), con 73,4 millones de euros y la Costa del Sol, formada por una única provincia (Málaga), con 59,3 millones de euros de fraude, aproximadamente.

Asimismo, según el informe, el tercer puesto en arrendamientos sumergidos lo ocupa Canarias, donde el fraude estimado es de 144,1 millones euros, a lo que contribuye en mayor medida Las Palmas, con 78,9 millones de euros no declarados. Por su parte, la Comunidad Valenciana registra un fraude de 111,8 millones de euros anuales en negro. En esta comunidad, destaca la provincia de Valencia con su costa del mismo nombre, donde el valor de alquiler no declarado alcanza los 57 millones.

La tercera parte de los alquileres costeros sumergidos se localizan en Cataluña y Andalucía

Con respecto al volumen de alquileres sumergidos, el estudio de Gestha revela que la comunidad costera que concentra un mayor porcentaje de viviendas sumergidas es Cataluña, con un 24,5% de alquileres no declarados con respecto al total de alquileres sumergidos en España. Este porcentaje se debe a la contribución de la Costa del Maresme, en la que se registra aproximadamente el 20,6% del total de alquileres sumergidos.

Por su parte, Andalucía sigue muy de cerca a Cataluña, con un 11,1% de alquileres no declarados sobre el total de España. Las provincias de Cádiz y Huelva, que conforman la costa de la Luz, concentran el 4,5% de alquiler de vivienda no declarado, mientras que Málaga, con su popular Costa del Sol, alberga un 3,6% de los arrendamientos sumergidos en España.

Por el contrario, las zonas que parecen tener una conciencia fiscal menos laxa que el resto de autonomías costeras son, en primer lugar, Ceuta, donde sólo el 0,33% de alquileres se encuentran sumergidos, seguida de la Ciudad Autónoma de Melilla (0,40%) y Cantabria (0,90%).

Un paquete de medidas para combatir el fraude fiscal y dinamizar el mercado de alquiler

Ante esta situación, el informe de los Técnicos de Hacienda considera “prioritario” que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.

En particular, el estudio propone que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.

En segundo lugar, plantea modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días, los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar la demanda de desahucio por falta de pago de las rentas. Este colectivo propone que en este caso, la orden de lanzamiento se expida junto con la sentencia.

Asimismo, el informe de Gestha estima necesario que los juicios rápidos sean “realmente rápidos”, por lo que el Ministerio de Justicia debería aumentar el número de juzgados necesarios para que tanto la vista, como la sentencia de desahucio por falta de pago de las rentas y el lanzamiento fueran realizadas en otros quince días.

Finalmente, con objeto de que se puedan cumplir las medidas contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, y no se queden en una mera declaración de intenciones, el informe considera “imprescindible” habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de la efectiva aplicación de las medidas de esta Ley.

Gestha estima que con esta habilitación y un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles de fraude similares a los países de la Unión Europea, y aflorando así cerca de 56.522 millones de euros. En la actualidad, la bolsa de fraude en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB (900.000 millones de euros en 2005), lo que supone un montante de 200.000 millones euros.

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Técnicos del Ministerio de Hacienda