Fenacore defiende la competencia del Estado sobre los ríos para evitar descoordinaciones como las de los incendios

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) manifestó hoy que las competencias en materia de planificación fluvial deben pertenecer única y exclusivamente al Estado Central, para evitar “descoordinaciones tan graves” como las producidas en los últimos años en relación a los incendios de Guadalajara (2005), Galicia (2006) y, hace tan solo una semana, las Islas Canarias.

Fenacore estima que este tipo de desastres cuestionan la eficacia de las comunidades autónomas para asumir determinadas competencias estatales que, si bien en el caso de los incendios, están legalmente transferidas; en el caso de los ríos, su eventual transferencia a una comunidad autónoma, afectaría además al orden constitucional al romper con los principios de solidaridad territorial y dominio público hidráulico estatal (artículos 14 y 16 del Texto Refundido Ley de Aguas (TR-LA)).

En este marco, la Federación de Regantes advierte que la pretendida titularidad exclusiva sobre las aguas –“el agua es nuestra”-, que realizan algunas reformas estatuarias recientes, pueden terminar con el modelo tradicional de gestión por cuencas hidrográficas – “el agua es de todos”- del que España fue pionera y que ha servido de base en Europa para la Directiva Marco de Aguas (DMA).

Fenacore estima que la transferencia de las competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico a las comunidades autónomas debe hacerse en los términos de la legislación de aguas. En su opinión, la naturaleza de la cuenca hidrográfica exige una gestión unificada en manos de los organismos de cuenca, en virtud del principio de unidad de gestión de la cuenca y de indivisibilidad de la misma por tramos autonómicos, lo que exige superar las divisiones político-administrativas.

Fenacore estima que este “nuevo sistema ribereño territorial” en el que, a través de los estatutos de Autonomía, distintas comunidades quieren asumir competencias exclusivas sobre el control de los recursos hídricos que discurren parcialmente por su territorio, puede derivar en un modelo autonómico “insolidario” y en auténticas “guerras del agua” entre comunidades autónomas.

En este sentido, apunta que esta confrontación política tiene su reflejo en los recursos que distintas comunidades autónomas – Aragón, Extremadura, Valencia y Murcia- han anunciado que interpondrán ante el Tribunal Constitucional contra los Estatutos de las otras comunidades autónomas por considerar que pretenden privarles de sus derechos sobre el agua. De esta forma, Castilla y León reivindica la gestión del río Duero; Castilla-La Mancha exige el control del Tajo y el Júcar; Andalucía reclama la gestión exclusiva del río Guadalquivir; Cataluña y Aragón propugnan la gestión individualizada de sus respectivos tramos autonómicos del río Ebro, oponiéndose frontalmente a cualquier posible trasvase.

Casuística estatuaria

Por otro lado, Fenacore, en un análisis legal del contenido de los distintos Estatutos de Autonomía, califica de “inadecuado” dividir los ríos con carácter artificial por tramos autonómicos, estableciendo cada Comunidad Autónoma un régimen diferente para el caudal que atraviesa su territorio.

De esta forma, la Federación de Regantes estima que la reforma de los Estatutos Andaluz y Castellano Leonés rompe el principio de unidad de gestión y la indivisibilidad de la cuenca del Guadalquivir y del Duero, menoscabando las competencias de sus correspondientes Confederaciones Hidrográficas.

Por otro lado, considera que la exigencia de un informe preceptivo por parte de diversas propuestas de Estatutos de Autonomía para regular los trasvases que atraviesan ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca, no debe recogerse en un estatuto ya que corresponde al Estado legislar sobre esta materia.

En su opinión, existen cauces institucionales de participación a través de los órganos de las Confederaciones Hidrográficas, como son el Consejo del Agua, la Junta de Gobierno y el Comité de Autoridades Competentes, donde están representadas las distintas comunidades autónomas.

Por otro lado, la Federación estima que los poderes públicos de Aragón y de Castilla-La Mancha no tienen competencia para evitar cualquier trasvase de agua en las cuencas hidrográficas a las que pertenezcan ya que se trata de una competencia estatal, de acuerdo con el artículo 149.1.22ª de la CE y de la titularidad estatal del dominio público hidráulico (artículos 132.2ª de la CE y 1,3 y 2 del TR-LA).

Asimismo, Fenacore considera que la inclusión del Pacto de Agua de Aragón en un Estatuto de Autonomía “no tiene sentido” ya que éste viene recogido en las determinaciones normativas del Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro (PHC-Ebro) y en el Plan Hidrológico Nacional (disposición adicional decimotercera).

En su opinión, con esta última medida, se pretende conseguir un blindaje, cara al futuro, del citado Pacto del Agua, que le deje intocable, ya que la reforma del Estatuto requiere un complicado procedimiento. Por otro lado, la Federación de Regantes considera que la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha no puede atribuir conjuntamente a los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha la función de velar para que el volumen trasvasable del Tajo al Segura se reduzca progresivamente ni establecer como fecha de caducidad del mismo el año 2015.

Finalmente, con respecto al Estatuto Catalán, considera que atribuye a la Generalitat competencias ejecutivas sobre las obras hidráulicas de interés general, lo cual entra en contradicción con el artículo 149.1.24ª de la CE que las declara de competencia exclusiva estatal, tal como ha declarado el Tribunal Constitucional en su sentencia 227/1988 que reconoce esta competencia estatal, tanto en cuencas supra como intracomunitarias.

Un gran pacto político del agua

Con objeto de superar las divisiones político-administrativas, Fenacore aboga por un gran pacto político sobre el agua entre las fuerzas políticas, sociales y económicas basado en los criterios de sostenibilidad, racionalización económica y solidaridad territorial, que –al margen de guerras del agua- garantice a los usuarios a corto y medio plazo el suministro en zonas deficitarias y el desarrollo económico de todas las regiones españolas.

Asimismo, considera necesario impulsar la planificación hidrológica a través de la construcción discriminada de obras de regulación y trasvases intercuencas, así como otras medidas de gestión de la demanda como son la modernización de regadíos, la gestión sostenible de los acuíferos o la regeneración de aguas depuradas urbanas que convenientemente tratadas pueden emplearse en los riegos.

Categorias: Sociedad

Federación Nacional de Comunidades de Regantes