Fenacore afirma que la política de precios del agua no es un mandato europeo

Más de un centenar de regantes pertenecientes a las comunidades de toda España –peninsulares e insulares- se reunieron hoy en Junta General Extraordinaria con el fin de analizar las últimas modificaciones propuestas en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y adoptar una postura unánime y unívoca de cara a su votación en el Pleno del Consejo que tendrá lugar después de Semana Santa. Entre los últimos ‘gestos’ que los regantes han valorado positivamente destacan, por un lado, el aplazamiento hasta 2010 de la puesta en marcha de la denominada “tasa por prestación de servicios” y, por otro, la actualización de estos precios básicos de acuerdo con el IPC, frente a la potestad que se arrogaba el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, han acogido con satisfacción la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de retrasar el pleno, previsto inicialmente para mañana, con el fin de disponer de más tiempo para el estudio de las modificaciones. Por el contrario, los artículos que siguen siendo motivo de preocupación entre los regantes y que podrían conducir a un voto no favorable en el Pleno del Consejo son la exclusión de su participación en el Comité de Autoridades Competentes y la aplicación indiscriminada de una política de precios al agua que pudiera conducir a la desaparición de la tercera parte del regadío español.


Pérdida de competitividad

En este sentido, el presidente de Fenacore insistió en que poner un precio al agua no es un mandato de la directiva comunitaria, sino una actuación que, realizada de manera generalizada, supondría una pérdida de competitividad para la agricultura española, que ha de competir con otros países de Europa, donde sin necesidad de agua tienen iguales o superiores producciones a las de nuestras zonas regables. Del Campo recordó que esta normativa europea no obliga a aplicar la recuperación íntegra de costes sino que, por el contrario, reconoce que para su aplicación pueden tenerse en cuenta -con el fin de que la agricultura sea sostenible- los efectos medioambientales y socioeconómicos, así como las condiciones climáticas de los territorios afectados y la excepcionalidad en determinados usos, como la Ministra de Medio Ambiente ha reconocido en ocasiones.

En este sentido, señaló que la aplicación de una política de precios al agua resulta “casi una excepción” dentro de los países de la UE cuando se trata de la agricultura española, debido a las fuertes sequías y a la necesidad de mantener numerosas infraestructuras hidráulicas para disponer de agua garantizada. A diferencia de otros países europeos, incluidos los mediterráneos, España cuenta con 1.300 grandes embalses y un nivel de regulación del 45%, es decir, que casi la mitad del agua que emplea procede de los embalses porque su pluviometría es muy baja. Sin embargo, otros países europeos toman el 42% de su agua directamente de los ríos porque su nivel de lluvias es alto y no precisan de obras de regulación.

Del Campo recordó que actualmente los regantes pagan actualmente un canon de regulación que incluye los costes ambientales derivados del impacto ecológico por la construcción de estas obras hidráulicas. Además, añadió que la amortización de las obras realizadas para modernizar los regadíos existentes ha duplicado ya los costes tradicionales del agua que utilizan los regantes en pro de un objetivo puramente ambiental, como es regar con mayor eficiencia para conseguir también un mayor ahorro de agua.

“Marginación” de los usuarios: Comité de Autoridades Competentes y Conferencia Sectorial

Por otro lado, el máximo responsable de Fenacore solicitó al Ministerio de Medio Ambiente que integre de una manera real y efectiva a los usuarios dentro de la planificación, gestión y protección del agua, sin limitar su participación en los órganos de las demarcaciones hidrográficas. En este sentido, abogó por la integración de los regantes en los nuevos Comités de Autoridades Competentes de cada confederación hidrográfica, de manera que estos no sean “órganos meramente políticos” –pilotados exclusivamente por la Administración Central y las autonomías- los que dispongan del “máximo poder” de decisión, al margen de los Consejos de Cuenca y de los propios usuarios.

Asimismo, Del Campo aprovechó la ocasión para instar al Gobierno a que reconozca la participación de Fenacore (cuyos asociados son Corporaciones de Derecho Público) dentro de la nueva Conferencia Sectorial del Agua, de manera que tengan voz aunque no derecho de voto. En opinión de la Federación, la decisión de separar el actual Consejo Nacional del Agua en dos órganos, uno político –Conferencia Sectorial- conformado por las distintas Administraciones y otro “consultivo” – de usuarios-, supone “vaciarlo” de contenido y representatividad, lo que puede conducir a la toma de decisiones arbitrarias por parte del Gobierno.

La “paradoja” de las aguas regeneradas

Por otro lado, Andrés del Campo calificó de “paradójica” la propuesta que plantea el borrador de la Ley de Aguas, según la cual los regantes deberán asumir los costes de depuración de las aguas urbanas cuando ha sido precisamente el sector del regadío el que ha tenido que ceder para abastecimiento urbano un recurso de mayor calidad que el que podrá aprovechar posteriormente proveniente de las ciudades. Finalmente, Fenacore confía en que el Ministerio de Medio Ambiente reflexione sobre las preocupaciones y demandas de los usuarios con el fin de consensuar un texto articulado que satisfaga a todas las partes -Administración Central, Administraciones Autonómicas y usuarios- de cara a su votación en el Pleno del Consejo Nacional del Agua que se celebrará después de Semana Santa.

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