Cambios Tecnológicos, Trabajo y Actividad Empresarial: el impacto socioeconómico de la economía digital ha sido elaborado por un equipo ligado al Ivie
Los investigadores piden un Pacto de Estado por la Educación y tener en cuenta la especialización productiva, el tamaño empresarial y la capacidad de innovación

El CES premia una investigación que insta a revisar la regulación laboral y a evitar los monopolios frente a la digitalización

El Consejo Económico y Social de España (CES) ha premiado una investigación que insta a revisar la regulación laboral para proteger a los trabajadores frente a los riesgos que entraña la digitalización. Y en este escenario, aboga por el diálogo y el consenso entre los agentes sociales como la mejor fórmula para regular el mercado de trabajo, ya que los rápidos cambios que provocan los avances tecnológicos dificultan la labor del legislador.

Es una de las conclusiones que se desprende de Cambios Tecnológicos, Trabajo y Actividad Empresarial: el impacto socioeconómico de la economía digital, el estudio reconocido en el XXI Premio de Investigación del CES y presentado esta mañana en un acto durante el que han participado Pedro C. Fernández Alén, Presidente en funciones del CES; Jorge Aragón Medina, Consejero del CES y ponente del Informe sobre La digitalización de la economía; Francisco Pérez García, Director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie); y José María Peiró Silla, miembro del equipo de investigación del Ivie.

Este análisis defiende un Pacto de Estado por la Educación para encarar los retos digitales y propone reorientar las políticas activas de empleo para que los parados mejoren sus competencias digitales y su empleabilidad, implicando al sistema educativo y al de formación continua.

La investigación también recomienda a los reguladores compatibilizar el dinamismo tecnológico y las innovaciones con la competencia, evitando la aparición de monopolios y el levantamiento de barreras de entrada. Asimismo, anima a las administraciones públicas a combatir el fraude en la aplicación del concepto legal de trabajador, reducir la figura fraudulenta de los falsos autónomos y vigilar las implicaciones de las nuevas formas de control.

De igual modo, la investigación premiada por el CES sugiere prestar atención al uso de las cotizaciones sociales como herramienta competitiva y a la internacionalización de las relaciones laborales, añadiendo que la legislación actual confía a centros de trabajo físicos y de ámbito nacional la representación sindical, lo que resulta poco compatible con empresas multinacionales o cadenas de producción internacionalizadas.

Pero la principal derivada de la digitalización no es únicamente el mercado de trabajo, sino que debe tenerse en cuenta la especialización productiva, el tamaño empresarial y la capacidad de innovación.

Sin embargo, este estudio reconoce que valorar las consecuencias de la digitalización plantea dificultades conceptuales, por la complejidad del fenómeno, y también prácticas, porque todavía no se dispone de un sistema de indicadores consolidado.

Y con el fin de ordenar y acotar los problemas, analiza las consecuencias de la digitalización desde el punto de vista de su caracterización tecnológica y sus impactos a largo plazo sobre la competencia, los mercados y las empresas; sus implicaciones para los procesos de generación de valor y modelos de negocio de las empresas; sus impactos sobre el volumen de empleo; sus consecuencias para los perfiles de las ocupaciones y la formación necesaria para su desempeño; y sus implicaciones para la regulación laboral y la protección social.

Potenciar las oportunidades y mitigar los riesgos

En este contexto, los investigadores premiados aseguran que un marco político apropiado puede potenciar las oportunidades que la digitalización ofrece para el crecimiento económico, el desarrollo humano y el bienestar social; y mitigar los riesgos en torno a la brecha digital que sufren determinados grupos de trabajadores y empresas. Por ello, piden aumentar este tipo de inversiones, en línea con las últimas dotaciones presupuestarias asignadas a tal fin.

Finalmente, en la investigación se remarca la importancia de que España tome conciencia de los problemas, siente los pilares en los que han de apoyarse las iniciativas y movilice a todos los actores públicos y privados que han de llevarlas a cabo.

Según el presidente en funciones del CES, Pedro C. Fernández Alén, “con este galardón, dotado con 40.000 euros, el CES continúa promoviendo y divulgando el estudio en torno a las materias relacionadas con sus funciones, demostrando su firme compromiso con la investigación como motor económico, de creación de empleo y bienestar social”.

El Consejo Económico y Social (CES) es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, que se configura como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus objetivos. Además de esta labor consultiva, el CES lleva a cabo una actividad de carácter institucional tanto en el ámbito nacional como en el internacional, colaborando en la difusión del análisis y debate sobre las materias de su competencia. En sus últimos informes aborda la situación de los jóvenes en el mercado laboral, examina la inversión pública y radiografía exhaustivamente la salud de la economía española tras la COVID19. Más información: http://www.ces.es/

 

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