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Las mascotas y animales de compañía van a terminar 2020 sin una Ley de Bienestar Animal que castigue de forma contundente tanto los abandonos como el maltrato, tal y como denuncia la Real Sociedad Canina de España (RSCE) con motivo de la Feria 100×100 mascotas que se celebra desde mañana y hasta el 20 de diciembre de forma virtual y en la que la entidad participa como expositora.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) pide un nuevo Plan Hidrológico Nacional que devuelva al Estado sus competencias y blinde la Constitución frente a las injerencias políticas en las distintas comunidades autónomas; tal y como trasladará mañana a la comisión permanente, después del acuerdo de posición común en materia de agua firmado en Castilla-La Mancha.
Gestha confía en la aprobación de las cuatro enmiendas para crear un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda con el que mejorar la gestión del gasto público y reforzar la lucha contra el fraude fiscal para reducir las pérdidas superiores a los 91.000 millones de euros que éste provoca en España. Pues bien, tras haberlas registrado los grupos políticos de Ciudadanos, Más país equo, Junts per Catalunya y Teruel Existe; está a un paso de conseguirse el reconocimiento de mayores responsabilidades para los Técnicos, una de sus principales reclamaciones.
La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha pedido al Gobierno que incluya en la conocida como ‘Ley Celaá’ una asignatura de Educación Animal en la que se enseñe a los alumnos cultura animal y se persiga, entre otros objetivos, erradicar el maltrato y frenar los abandonos; después de que durante el confinamiento de la primera ola del COVID-19 aumentaran un 25%, con unos 2.000 animales abandonados a su suerte.
La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha denunciado el limbo legal en el que viven más de 3.000 criadores amateurs en España ante la inexistencia de una legislación animal única en todo el territorio que regule su actividad, por lo que pide al Gobierno que ponga en marcha la Ley de Bienestar Animal y que sea con carácter estatal para todo el país.
La Real Sociedad Canina de España (RSCE) pide al Gobierno la puesta en marcha de una Ley de Protección y Bienestar Animal estatal que permita armonizar el contenido de las diferentes normativas vigentes, que actualmente están en proceso de renovación en las distintas comunidades autónomas de España pues todos los perros tienen las mismas necesidades y derechos con independencia del territorio en el que vivan.
La propuesta de los 31 alcaldes de repartir el fondo de 5.000 millones de forma proporcional a la población residente en cada entidad local, y no de acuerdo con el eventual préstamo de los remanentes, perjudicaría a los municipios españoles en más de 955 millones, ya que recibirían un 25,5% menos; según las estimaciones efectuadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en la antesala de la votación del Real decreto ley.
