ATUC pide una ley de financiación que regule las tarifas sociales

En los últimos meses han sido varios los ayuntamientos o comunidades que han proclamado medidas sociales en materia de transporte público: el abono transporte a 10 euros para desempleados anunciado hoy o el abono joven a 20 euros de la Comunidad de Madrid, el título anual a 10 euros de Valencia para que los desempleados puedan viajar en autobús o el acuerdo al que se ha llegado en Vizcaya para que los niños viajen gratis hasta los 6 años, por citar sólo algunos ejemplos.

ATUC considera que este tipo de medidas debe ejecutarse siempre de manera razonable y pensando en la sostenibilidad del sistema, si bien respalda la política de subvenciones especiales a los colectivos más vulnerables como los discapacitados, los desempleados o la tercera edad, ya que el acceso al transporte público debe ser universal.

En este sentido, la ausencia de una ley de financiación provoca que no esté establecido claramente qué parte de los costes debe soportar cada actor (usuarios, corporaciones locales, comunidades autónomas y el Estado), por lo que este tipo de medidas podría recaer injustamente sobre los presupuestos de prestación del transporte público. A este respecto, los gestores del servicio no deciden sobre los servicios que prestan, ya que es la propia administración la que dibuja las directrices a seguir.

La patronal cree que la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de ofrecer un abono a 20 euros para los jóvenes y de la que también se benefician vecinos de Castilla La Mancha y Castilla León podría suponer una pérdida de ingresos de 80 millones de euros en venta de billetes. En este sentido, si esta cantidad no fuese asumida por las consejerías de Asuntos Sociales o Juventud y finalmente recayese sobre el presupuesto destinado al servicio de transporte público, podría producirse una merma en la calidad del sistema, ya que este dinero se podría dedicar a la mejora de servicios en beneficio del interés común.

Actualmente circulan en España más de 750 trenes en hora punta en las distintas redes de metro del país y más de 10.000 autobuses, lo que implica una plantilla de más de 40.000 personas, que representan entre el 65% y el 70% de los costes. Además, hay que tener en cuenta variables como la electricidad, los servicios de limpieza o la seguridad, lo que eleva el coste del transporte público español a unos 5.000 millones de euros.

Cuadro 1. Últimas medidas en materia de transporte público

La paradoja: a más déficit, más subvención

El hecho de que las medidas sociales adoptadas por comunidades autónomas y ayuntamientos se haga de forma unilateral, haciendo valer las competencias transferidas, acrecienta aún más las diferencias existentes entre territorios. España es el único país de la Unión Europea que no dispone de una ley de financiación del transporte público, lo que provoca que haya ciudades que reciben 0,05 euros por habitante de subvención pública mientras que en otras se superan los 20 euros.

Por ello, desde la patronal del transporte público reclaman una ‘ley paraguas’ para que este tipo de decisiones se lleven a cabo con garantías para todos los ciudadanos y en un marco de igualdad. En este sentido, las subvenciones que reciben las ciudades con más de 50.000 habitantes, se adjudican en base al déficit, es decir, cuanto más dinero pierde la empresa gestora del transporte público más dinero recibe, por lo que no se premia la gestión más eficiente.

El presidente de ATUC, Miguel Ruiz, señala que “no tiene sentido que en esa adjudicación de fondos públicos el déficit pese un 85% en el reparto mientras que la longitud de red y el déficit por viajero representan un 5% cada uno. Estamos ante un sistema de reparto obsoleto y nada eficaz. Aunque se trate de una competencia totalmente transferida a las comunidades autónomas, el Estado debe garantizar a todos los españoles, vivan donde vivan, un servicio que a nuestro entender es tan esencial como la salud o la educación”.

La Asociación viene luchando desde hace varios años por la creación de una ley de financiación. Ahora, esta petición histórica del sector cobra fuerza en el marco del 20-D, ya que cuenta, a priori, con el respaldo de los Ministerios de Fomento y Hacienda, así como de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de los distintos partidos políticos.

 

La Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (Atuc) agrupa a las empresas de transporte público de España, trabajando por una movilidad sostenible y la mejora continua de un sector que genera más de 25.000 empleos y mueve más de 5.000 millones de euros al año en facturación. Gracias a las 80 compañías de bus, metro, tren y tranvía que integran este colectivo y entre las que se encuentran EMT Madrid, TMB de Barcelona y Metro Bilbao entre otras, además de grupos nacionales como Alsa o Avanza, más de 3.000 millones de personas pueden viajar al año, lo que supone el 95% de los desplazamientos que se realizan en transporte público en nuestro país. Más información en www.atuc.es

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