La economía sumergida en Granada asciende al 25,8% del PIB, lo que supone 3.838 millones anuales de dinero negro, según Gestha

Con objeto de mostrar la envergadura de esta cifra, el informe de Gestha recoge un supuesto muy ilustrativo en el que considera para el análisis al conjunto de la población de Granada, según el cual, esta cifra de dinero negro equivaldría a decir que cada granadino oculta a Hacienda rentas por valor de 4.229 euros de media al año.

Según las estimaciones de los Técnicos de Hacienda, la aplicación de un plan antifraude eficaz que redujera en diez puntos porcentuales la tasa de economía sumergida y la situara en los niveles de nuestros vecinos europeos, generaría un aumento de recaudación de 547 millones de euros anuales en Granada, lo que supondría un ahorro medio de impuestos de 602 euros por habitante, si todos contribuyeran al Fisco.

El informe pone de relieve cómo la crisis motivó un importante crecimiento del fraude fiscal en los tres últimos años, lo que unido a la caída de la actividad económica, provocó un desplome de la recaudación tributaria en Granada del 46,6%, situándose en 788 millones de euros en 2009. Las partidas más perjudicadas por la crisis y el fraude fueron, precisamente, el IVA y el Impuesto de Sociedades que cayeron un 72,6% (en volumen, 210 millones de euros menos) y un 57,6% (en volumen, 209 millones de euros menos), respectivamente, entre 2007 y 2009.

De esta forma, la bolsa de dinero negro aumentó en un 29,4% en Granada en el ultimo decenio, lo que explica que aunque la economía creció a niveles históricos gracias al 'boom' inmobiliario, la recaudación lo hiciera a un ritmo mucho menor debido a la evasión fiscal en el sector constructor y promotor, donde las operaciones especulativas de compra-venta inmobiliarias encontraron su caldo de cultivo.

Granada, la tercera provincia andaluza con mayor fraude fiscal

Por provincias, Huelva, con una tasa de economía sumergida del 30,5%, encabeza la lista de las que registraron mayor fraude fiscal en Andalucía durante el pasado año, seguida de Córdoba (26,1%), Granada (25,8%) y Almería (24,6%).

Por el contrario, Sevilla fue la provincia que registró menor tasa de dinero negro en 2009, con un 20,3% del PIB. A continuación, se situaron las provincias de Málaga (22,5%), Cádiz (24,3%) y Jaén (24,4%).

Por comunidades autónomas, Andalucía fue, con un 24,9%, la séptima comunidad con mayor tasa de dinero negro en 2009. La región que registró un mayor porcentaje de dinero negro fue La Rioja, con un 31,4%, seguida de Canarias (28,7%), Castilla-La Mancha (26,5%) y Galicia (26,3%). A continuación se situaron Castilla y León (25,0%), Aragón (25,5%), la Comunidad Valenciana (24,3%) y Murcia (24,3%).

Por el contrario, las regiones que registraron menor porcentaje de economía sumergida fueron Extremadura y las Islas Baleares, con una tasa del 19,2% cada una, seguidas de la Comunidad de Madrid (19,6%), Asturias (20,2%), Cataluña (22,3%) y Cantabria (23,7%).
 
Por otra parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron niveles de economía sumergida sobre el PIB del 27% y del 26,9% respectivamente, lo que las sitúa en niveles similares a los de las autonomías con mayor proporción de dinero negro.

Ante este elevado nivel de fraude, los Técnicos de Hacienda comparten las tesis manifestadas en estas últimas semanas por algunos grupos políticos, colectivos sindicales y autónomos de priorizar la lucha contra la economía sumergida y las grandes bolsas de fraude para elevar los ingresos, en lugar de “cargar las tintas” sobre los trabajadores y pensionistas que contemplan con recelo la recientemente anunciada reforma del sistema de pensiones.

 

Los Técnicos sostienen que si los defraudadores “pagaran lo que deben” no sería necesario que “los más débiles” asumieran el alza de impuestos, que incluye, entre otras, la eliminación de la deducción de los 400 euros en el IRPF o la subida del IVA prevista para julio. Igualmente, reequilibraría el sistema de pensiones, por lo que tampoco sería necesario elevar la edad de jubilación ni aumentar el periodo empleado para el cómputo de la pensión.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, señala que “nuestra prioridad es que quienes defrauden, dejen de hacerlo, y evitar la evasión fiscal para elevar la recaudación y propiciar mejores y mayores prestaciones y políticas sociales. Si se les exige que paguen lo que han evadido en los últimos cuatro años, habría dinero para reducir el déficit público, aumentar las pensiones y garantizar la Ley de Dependencia”.

Con este objetivo, los Técnicos de Hacienda presentarán el próximo jueves, día 4, un decálogo de medidas que debería incluir el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, que presentará el Gobierno este mismo viernes. Entre éstas, propondrán una de sus reivindicaciones históricas como la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) que supondría la autorización de los más de 8.000 técnicos para realizar funciones superiores, lo cual permitiría aumentar considerablemente las actuaciones de control tributario y aduanero. 
 
Así, Gestha estima que con esta habilitación y un conjunto de medidas contra el fraude, la Agencia Tributaria estatal podría reducir la economía sumergida y, de este modo, aflorar cerca de 90.000 millones de euros anualmente en España, lo que supondría una recaudación adicional de unos 38.500 millones de euros que permitirían asegurar y mejorar las prestaciones sociales, evitando los recortes a los colectivos menos favorecidos. En la actualidad, la bolsa de dinero negro en nuestro país asciende a cerca de 245.000 millones de euros, lo que representa el 23,3% del PIB.

 

El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA), antecedente de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, se creó en 1976, diez años antes de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), con el fin de solventar determinados problemas de personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda. Solucionados aquellos problemas, en la actualidad Gestha trabaja por conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz con una estructura administrativa y de personal que garantice las necesidades del servicio público de un modo eficiente y racional.