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La provincia de Toledo concentra casi la tercera parte de la bolsa de fraude en esta comunidad
Gestha cifra en cerca de 7.200 millones la economía sumergida en Castilla-La Mancha
La economía sumergida en la Comunidad de Castilla-La Mancha, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, asciende a 7.168 millones de euros, lo que representa casi un 3,4% de la bolsa de dinero negro existente en nuestro país. La economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un montante de 208.000 millones de euros, según un informe realizado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA).
Distintos estudios de varios organismos tales como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la propia Unión Europea sitúan la economía sumergida española en una horquilla comprendida entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a una media de nuestro entorno europeo diez puntos por debajo, excluidos los países del Este y de reciente incorporación.
El estudio de Gestha -realizado a partir de la extrapolación de esta estimación del 23% a las distintas provincias tomando como base los últimos datos provinciales de PIB disponible, según el INE- apunta que la provincia castellano-manchega que concentra el mayor volumen de economía sumergida (31%) es Toledo, con 2.230 millones de euros, seguida de Ciudad Real, con 1.947 millones de euros. La provincia Albacete, por su parte, acumula una bolsa de fraude de 1.340 millones, mientras que Guadalajara y Cuenca suman 867 y 746 millones de economía sumergida, respectivamente.
Cuadro 1. Economía sumergida en Castilla-La Mancha por provincias
| Provincia | Bolsa de fraude |
| Toledo | 2.228.070 |
| Cuenca | 746.781 |
| Ciudad Real | 1.947.289 |
| Guadalajara | 867.739 |
| Albacete | 1.378.645 |
| TOTAL | 7.168.526 |
Fuente: Gestha a partir de datos provisionales del INE.
En miles de euros
Los Técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria (AEAT) podría reducir en un 10% las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, hasta el 13% del PIB, lo que significaría aflorar 90.000 millones de euros y recaudar –vía impuestos- casi 21.000 millones de euros adicionales que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades.
Grandes bolsas de fraude en la región
El informe de Gestha asegura que una de las principales bolsas de fraude existentes en la economía castellano-manchega está relacionada directamente con las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los cuales 341 millones –el 4%- se localizan en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
En este sentido, los Técnicos de Hacienda estiman que el 60,7% de los arrendamientos localizados en la Comunidad manchega son alquileres sumergidos que escapan del control del Fisco. En la actualidad, se calcula que existen alrededor de 25.242 alquileres sumergidos en la comunidad catalana, lo que representa el 2,5% del total del parque de viviendas alquiladas en nuestro país. Este colectivo cifra en 33 millones de euros anuales, las rentas sumergidas en Castilla-La Mancha derivadas del arrendamiento de vivienda.
Asimismo, el estudio de Gestha revela que otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. En la actualidad, el 97,3% de las compañías asentadas en Cataluña que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros –más de 2.200 sociedades- escapan al plan de lucha contra el fraude ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros.
Por otro lado, los Técnicos consideran que la adquisición de vehículos de lujo constituye también una “válvula de escape” para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida. Las ventas de vehículos de alta gama de más de 60.000 euros aumentaron un 34,6% en Castilla-La Mancha en 2007, según datos de Faconauto, mientras que las matriculaciones de turismos protagonizaron “paradójicamente” un comportamiento bajista en esta comunidad durante el pasado año.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “en un momento en el que el endeudamiento de las familias españolas y su confianza en la evolución de la economía se sitúa en mínimos, la adquisición de un automóvil de lujo se ha convertido en un signo externo de riqueza que no debe desvincularse en absoluto de la especulación inmobiliaria que ha existido en estos últimos años en el mercado español ni del inusual incremento de la circulación de billetes de 500 euros”.
En este sentido, la cifra de billetes grandes en circulación aumentó un 1,8% en 2007, alcanzando los 114 millones de unidades en España (no hay datos regionales), lo que supone el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles, según los últimos datos del Banco de España. En concreto, el importe de los billetes de 500 ascendió a 56.759 millones de euros al cierre de 2007 (+1,5%).
Un paquete de medidas para prevenir el fraude fiscal
Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda consideran “prioritario” que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.
En primer lugar, con objeto de que se puedan cumplir estas medidas y todas aquellas contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, de manera que no se queden en una mera declaración de intenciones, Gestha considera “imprescindible” habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación.
Por otro lado, Gestha propone considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio, calificando las ganancias derivadas de estas operaciones como renta general tributando dentro de la Base Imponible general al tipo resultante de aplicar la escala general del IRPF, y no al tipo actual del 18% como si fuera renta del ahorro.
Además, plantea propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en este registro, de tal manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo detectar así los “pases”.
Este registro administrativo podría centralizarse por los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores, y disponen también de los servicios que mejor conocen y más habituados están a aplicar la legislación sectorial, al tener la mayor parte de las competencias en esta materia.
Asimismo, los Técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas (y, por tanto, sin escritura) la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación. Este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.
En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha propone que se apruebe el “valor único de referencia a precios de mercado” para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos estará elaborado en 2008, y se está formando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado. La Dirección General del Catastro tiene en marcha un programa para contar con valores lo más próximos posibles al precio real de los inmuebles.
Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.
Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone lo que se conoce como “inversión del sujeto pasivo”, es decir, que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda, que se complementaría con una afección real del inmueble al pago del IVA.
También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los Técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del adquiriente, para asegurar que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida, tal como ocurre actualmente con los no residentes.
El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA), antecedente de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, se creó en 1976, diez años antes de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), con el fin de solventar determinados problemas de personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda. Solucionados aquellos problemas, en la actualidad Gestha trabaja por conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz con una estructura administrativa y de personal que garantice las necesidades del servicio público de un modo eficiente y racional.
Grandes bolsas de fraude en la región
El informe de Gestha asegura que una de las principales bolsas de fraude existentes en la economía castellano-manchega está relacionada directamente con las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los cuales 341 millones –el 4%- se localizan en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
En este sentido, los Técnicos de Hacienda estiman que el 60,7% de los arrendamientos localizados en la Comunidad manchega son alquileres sumergidos que escapan del control del Fisco. En la actualidad, se calcula que existen alrededor de 25.242 alquileres sumergidos en la comunidad catalana, lo que representa el 2,5% del total del parque de viviendas alquiladas en nuestro país. Este colectivo cifra en 33 millones de euros anuales, las rentas sumergidas en Castilla-La Mancha derivadas del arrendamiento de vivienda.
Asimismo, el estudio de Gestha revela que otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. En la actualidad, el 97,3% de las compañías asentadas en Cataluña que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros –más de 2.200 sociedades- escapan al plan de lucha contra el fraude ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros.
Por otro lado, los Técnicos consideran que la adquisición de vehículos de lujo constituye también una “válvula de escape” para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida. Las ventas de vehículos de alta gama de más de 60.000 euros aumentaron un 34,6% en Castilla-La Mancha en 2007, según datos de Faconauto, mientras que las matriculaciones de turismos protagonizaron “paradójicamente” un comportamiento bajista en esta comunidad durante el pasado año.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “en un momento en el que el endeudamiento de las familias españolas y su confianza en la evolución de la economía se sitúa en mínimos, la adquisición de un automóvil de lujo se ha convertido en un signo externo de riqueza que no debe desvincularse en absoluto de la especulación inmobiliaria que ha existido en estos últimos años en el mercado español ni del inusual incremento de la circulación de billetes de 500 euros”.
En este sentido, la cifra de billetes grandes en circulación aumentó un 1,8% en 2007, alcanzando los 114 millones de unidades en España (no hay datos regionales), lo que supone el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles, según los últimos datos del Banco de España. En concreto, el importe de los billetes de 500 ascendió a 56.759 millones de euros al cierre de 2007 (+1,5%).
Un paquete de medidas para prevenir el fraude fiscal
Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda consideran “prioritario” que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.
En primer lugar, con objeto de que se puedan cumplir estas medidas y todas aquellas contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, de manera que no se queden en una mera declaración de intenciones, Gestha considera “imprescindible” habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación.
Por otro lado, Gestha propone considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio, calificando las ganancias derivadas de estas operaciones como renta general tributando dentro de la Base Imponible general al tipo resultante de aplicar la escala general del IRPF, y no al tipo actual del 18% como si fuera renta del ahorro.
Además, plantea propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en este registro, de tal manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo detectar así los “pases”.
Este registro administrativo podría centralizarse por los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores, y disponen también de los servicios que mejor conocen y más habituados están a aplicar la legislación sectorial, al tener la mayor parte de las competencias en esta materia.
Asimismo, los Técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas (y, por tanto, sin escritura) la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación. Este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.
En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha propone que se apruebe el “valor único de referencia a precios de mercado” para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos estará elaborado en 2008, y se está formando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado. La Dirección General del Catastro tiene en marcha un programa para contar con valores lo más próximos posibles al precio real de los inmuebles.
Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.
Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone lo que se conoce como “inversión del sujeto pasivo”, es decir, que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda, que se complementaría con una afección real del inmueble al pago del IVA.
También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los Técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del adquiriente, para asegurar que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida, tal como ocurre actualmente con los no residentes.
El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA), antecedente de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, se creó en 1976, diez años antes de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), con el fin de solventar determinados problemas de personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda. Solucionados aquellos problemas, en la actualidad Gestha trabaja por conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz con una estructura administrativa y de personal que garantice las necesidades del servicio público de un modo eficiente y racional.
