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En el marco del XII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes que se celebra en Tarragona
Fenacore advierte de que la segunda fase de la modernización 'está en el aire'
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, advirtió hoy en rueda de prensa durante el XII Congreso Nacional de Regantes que se celebra hasta el próximo viernes en Tarragona de que la viabilidad de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos (PNR) Horizonte 2015 se encuentra actualmente 'en el aire' si no se revisa el proyecto para adaptarlo a las nuevas tarifas eléctricas.
De esta forma, Del Campo aprovechó su intervención en el Congreso para abordar en detalle algunos de los principales problemas que preocupan al regadío español como son los obstáculos con los que puede encontrarse la segunda fase de la modernización de regadíos; la potestad sobre el agua que parecen haberse arrogado algunas comunidades autónomas; la gestión sostenible de los acuíferos por parte de los usuarios y, finalmente, la importancia de establecer entre todos los actores protagonistas los criterios de fijación de los caudales ecológicos.
En relación a la transformación de regadíos, recordó que la primera fase del PNR se calculó sobre la base de unos costes energéticos que posteriormente se han multiplicado, lo que coloca actualmente a los agricultores “contra las cuerdas” ante la incapacidad de amortizar la inversión realizada en la modernización de sus parcelas, máxime en un momento como el actual en el que los precios de los productos agrarios han caído “en picado” y las posibilidades de acceso a la financiación son muy limitadas.
De esta forma, destacó la necesidad de acometer obras donde prime la rentabilidad de la explotación, aunque vaya en detrimento del nivel técnico de las nuevas infraestructuras, con el fin de evitar sobrecostes “excesivos” de mantenimiento o energía que pongan en peligro la viabilidad de las explotaciones.
En este sentido, sólo en el último año el coste de la energía ha subido cerca de un 60%, llegando a representar ya el 30% de los costes de producción, de manera que los gastos de electricidad se están convirtiendo en “inasumibles” para los regantes que han realizado un “importante” esfuerzo inversor en la modernización de sus parcelas.
En relación a la transformación de regadíos, recordó que la primera fase del PNR se calculó sobre la base de unos costes energéticos que posteriormente se han multiplicado, lo que coloca actualmente a los agricultores “contra las cuerdas” ante la incapacidad de amortizar la inversión realizada en la modernización de sus parcelas, máxime en un momento como el actual en el que los precios de los productos agrarios han caído “en picado” y las posibilidades de acceso a la financiación son muy limitadas.
De esta forma, destacó la necesidad de acometer obras donde prime la rentabilidad de la explotación, aunque vaya en detrimento del nivel técnico de las nuevas infraestructuras, con el fin de evitar sobrecostes “excesivos” de mantenimiento o energía que pongan en peligro la viabilidad de las explotaciones.
En este sentido, sólo en el último año el coste de la energía ha subido cerca de un 60%, llegando a representar ya el 30% de los costes de producción, de manera que los gastos de electricidad se están convirtiendo en “inasumibles” para los regantes que han realizado un “importante” esfuerzo inversor en la modernización de sus parcelas.
Medidas “realistas” para aliviar el encarecimiento de la factura eléctrica
Así, el presidente de Fenacore instó al Ejecutivo a adoptar medidas “realistas” que permitan “ahorros significativos” con respecto al sistema de tarificación actual como puede ser la aplicación de un IVA reducido, en clara alusión al plan de choque planteado hace dos meses por el Ministerio de Industria después de que el sector agrario, con más de 40.000 regantes procedentes de toda España, se manifestara en Madrid en noviembre del pasado año para exigir, entre otras, soluciones ante la fuerte subida de la factura eléctrica.
En este sentido, respondió al Ejecutivo que los regantes no pueden conformarse con contratos de temporada penalizados con una duración de hasta ocho meses, sino que necesitan poder realizar al menos dos contratos por año con las compañías eléctricas, incluyendo además la posibilidad de modificar la potencia.
Asimismo, reconoció que la propuesta de establecer horas valle a menor precio durante los fines de semana y el mes de agosto supone un “alivio” para el sector, pero no la “solución definitiva”, ya que la necesidad de potencia es muy alta desde abril hasta septiembre y mínima de octubre a marzo. Por esta razón, abogó por pagar únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada, evitando así desembolsar un importe por un servicio que no utilizan.
Respeto del principio de unidad de cuenca
Por otro lado, el presidente de los regantes mostró su preocupación por la titularidad exclusiva sobre las aguas que están asumiendo las comunidades autónomas en sus diferentes Estatutos de Autonomía abanderadas por las regiones de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Valencia y Castilla-La Mancha.
De esta forma, Aragón propugna la gestión individualizada del tramo autonómico del río Ebro, oponiéndose frontalmente a cualquier posible trasvase; Andalucía asume las competencias exclusivas del río Guadalquivir sin esperar a que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad planteado contra su Estatuto; Castilla y León reivindica la gestión del río Duero y Castilla-La Mancha exige el control del Tajo y el Júcar.
En este sentido, recordó en que se está creando un modelo autonómico “insolidario” donde las “guerras del agua” serán una constante, ya que cada territorio buscará siempre defender sus propios intereses en esta materia, cuando en realidad la Constitución y la propia Ley de Aguas reconocen que el agua es de “todos los españoles y no de quien la tiene más cerca”.
A través de un repaso por los contenidos de las distintas reformas estatutarias, calificó de “error político” dividir los ríos con carácter artificial por tramos autonómicos, estableciendo un régimen diferente para cada comunidad, ya que las competencias de las aguas que transcurren por más de un territorio son competencia “exclusiva” del Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas.
De esta forma, afirmó que la reforma de los Estatutos andaluz y castellanoleonés rompe el principio de unidad de gestión de la cuenca –“el agua es de todos”- al atribuirse potestad sobre el Guadalquivir y del Duero, vulnerando las competencias estatales.
Con respecto a Aragón y Castilla-La Mancha, afirmó que los poderes públicos de estas regiones no tienen competencia para evitar cualquier trasvase de agua en las cuencas hidrográficas a las que pertenezcan, ya que corresponde al Estado, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución. Además, consideró que la exigencia de un informe preceptivo para regular los trasvases que atraviesan ámbitos territoriales, no debe recogerse en un estatuto ya que la legislación sobre esta materia es obligación estatal.
Asimismo, afirmó que la inclusión del Pacto de Agua de Aragón en un Estatuto de Autonomía “no tiene sentido” ya que éste viene recogido en las determinaciones normativas del Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro (PHC-Ebro) y en el Plan Hidrológico Nacional (disposición adicional decimotercera).
Con respecto a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, calificó de “inconcebible” que se atribuya conjuntamente a los poderes públicos del Estado y de la región manchega la función de velar para que el volumen trasvasable del Tajo al Segura se reduzca progresivamente, así como la potestad de fijar una fecha de caducidad para el mismo, en este caso el año 2015.
Finalmente, con respecto al Estatuto Catalán, consideró que atribuye a la Generalitat competencias ejecutivas sobre las obras hidráulicas de interés general, lo cual entra en contradicción con el artículo 149 de la CE que las declara de competencia exclusiva estatal, tal como ha ratificado el Tribunal Constitucional en su sentencia 227/1988 que reconoce esta competencia estatal, tanto en cuencas supra como intracomunitarias.
Uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas
Por otro lado, el presidente de los regantes abogó por el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, calificando de “equívoca” la separación de ambos recursos, ya que al explotar las aguas subterráneas cuando los caudales o los almacenamientos superficiales son menores, se consigue un aumento de la garantía del suministro; ambos forman parte del mismo ciclo hidrológico.
Así, apuntó que la capacidad de almacenamiento de un acuífero puede aprovecharse en mayor medida si se hace más uso de los embalses superficiales o de los caudales de los ríos en los períodos húmedos y, por el contrario, se bombea más de los acuíferos en períodos secos. Este tipo de uso conjunto, denominado “utilización alternativa”, es el que presenta más posibilidades en España, según Del Campo.
Por último, aludió a la importancia de que los criterios para la fijación de los caudales ecológicos en las cuencas tengan en cuenta las posturas de todos los actores sociales, económicos, técnicos e institucionales vinculados al agua, con el fin de alcanzar el mayor consenso posible y garantizar la cantidad y calidad de las aguas para los usos ya existentes.
El Congreso Nacional de Comunidades de Regantes tiene su origen en 1913 en los Congresos Nacionales de Riegos, que nacieron con el ánimo de crear un organismo permanente dedicado a la ejecución de obras públicas que favorecieran un mejor aprovechamiento de las aguas. Estos encuentros, interrumpidos a raíz de la Guerra Civil española, volvieron a retomarse en 1964 con la celebración del I Congreso Nacional de Comunidades de Regantes en Valencia. Desde entonces y hasta la fecha, se han celebrado un total de once congresos en las ciudades de Valencia, Sevilla (2), León, Murcia, Zaragoza (2), Granada, Badajoz, Castellón y Palma de Mallorca.
FENACORE es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, creada en 1955, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el objetivo de aunar esfuerzos y voluntades en la defensa de sus legítimos intereses y derechos de uso del agua. En la actualidad, cuenta con numerosas entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir, más del 50% del regadío nacional. Además, es órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y vocal nato del Consejo Nacional del Agua. En el marco internacional, FENACORE es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC), que representa en Bruselas a todos los países miembros.
Así, el presidente de Fenacore instó al Ejecutivo a adoptar medidas “realistas” que permitan “ahorros significativos” con respecto al sistema de tarificación actual como puede ser la aplicación de un IVA reducido, en clara alusión al plan de choque planteado hace dos meses por el Ministerio de Industria después de que el sector agrario, con más de 40.000 regantes procedentes de toda España, se manifestara en Madrid en noviembre del pasado año para exigir, entre otras, soluciones ante la fuerte subida de la factura eléctrica.
En este sentido, respondió al Ejecutivo que los regantes no pueden conformarse con contratos de temporada penalizados con una duración de hasta ocho meses, sino que necesitan poder realizar al menos dos contratos por año con las compañías eléctricas, incluyendo además la posibilidad de modificar la potencia.
Asimismo, reconoció que la propuesta de establecer horas valle a menor precio durante los fines de semana y el mes de agosto supone un “alivio” para el sector, pero no la “solución definitiva”, ya que la necesidad de potencia es muy alta desde abril hasta septiembre y mínima de octubre a marzo. Por esta razón, abogó por pagar únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada, evitando así desembolsar un importe por un servicio que no utilizan.
Respeto del principio de unidad de cuenca
Por otro lado, el presidente de los regantes mostró su preocupación por la titularidad exclusiva sobre las aguas que están asumiendo las comunidades autónomas en sus diferentes Estatutos de Autonomía abanderadas por las regiones de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Valencia y Castilla-La Mancha.
De esta forma, Aragón propugna la gestión individualizada del tramo autonómico del río Ebro, oponiéndose frontalmente a cualquier posible trasvase; Andalucía asume las competencias exclusivas del río Guadalquivir sin esperar a que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad planteado contra su Estatuto; Castilla y León reivindica la gestión del río Duero y Castilla-La Mancha exige el control del Tajo y el Júcar.
En este sentido, recordó en que se está creando un modelo autonómico “insolidario” donde las “guerras del agua” serán una constante, ya que cada territorio buscará siempre defender sus propios intereses en esta materia, cuando en realidad la Constitución y la propia Ley de Aguas reconocen que el agua es de “todos los españoles y no de quien la tiene más cerca”.
A través de un repaso por los contenidos de las distintas reformas estatutarias, calificó de “error político” dividir los ríos con carácter artificial por tramos autonómicos, estableciendo un régimen diferente para cada comunidad, ya que las competencias de las aguas que transcurren por más de un territorio son competencia “exclusiva” del Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas.
De esta forma, afirmó que la reforma de los Estatutos andaluz y castellanoleonés rompe el principio de unidad de gestión de la cuenca –“el agua es de todos”- al atribuirse potestad sobre el Guadalquivir y del Duero, vulnerando las competencias estatales.
Con respecto a Aragón y Castilla-La Mancha, afirmó que los poderes públicos de estas regiones no tienen competencia para evitar cualquier trasvase de agua en las cuencas hidrográficas a las que pertenezcan, ya que corresponde al Estado, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución. Además, consideró que la exigencia de un informe preceptivo para regular los trasvases que atraviesan ámbitos territoriales, no debe recogerse en un estatuto ya que la legislación sobre esta materia es obligación estatal.
Asimismo, afirmó que la inclusión del Pacto de Agua de Aragón en un Estatuto de Autonomía “no tiene sentido” ya que éste viene recogido en las determinaciones normativas del Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro (PHC-Ebro) y en el Plan Hidrológico Nacional (disposición adicional decimotercera).
Con respecto a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, calificó de “inconcebible” que se atribuya conjuntamente a los poderes públicos del Estado y de la región manchega la función de velar para que el volumen trasvasable del Tajo al Segura se reduzca progresivamente, así como la potestad de fijar una fecha de caducidad para el mismo, en este caso el año 2015.
Finalmente, con respecto al Estatuto Catalán, consideró que atribuye a la Generalitat competencias ejecutivas sobre las obras hidráulicas de interés general, lo cual entra en contradicción con el artículo 149 de la CE que las declara de competencia exclusiva estatal, tal como ha ratificado el Tribunal Constitucional en su sentencia 227/1988 que reconoce esta competencia estatal, tanto en cuencas supra como intracomunitarias.
Uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas
Por otro lado, el presidente de los regantes abogó por el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, calificando de “equívoca” la separación de ambos recursos, ya que al explotar las aguas subterráneas cuando los caudales o los almacenamientos superficiales son menores, se consigue un aumento de la garantía del suministro; ambos forman parte del mismo ciclo hidrológico.
Así, apuntó que la capacidad de almacenamiento de un acuífero puede aprovecharse en mayor medida si se hace más uso de los embalses superficiales o de los caudales de los ríos en los períodos húmedos y, por el contrario, se bombea más de los acuíferos en períodos secos. Este tipo de uso conjunto, denominado “utilización alternativa”, es el que presenta más posibilidades en España, según Del Campo.
Por último, aludió a la importancia de que los criterios para la fijación de los caudales ecológicos en las cuencas tengan en cuenta las posturas de todos los actores sociales, económicos, técnicos e institucionales vinculados al agua, con el fin de alcanzar el mayor consenso posible y garantizar la cantidad y calidad de las aguas para los usos ya existentes.
El Congreso Nacional de Comunidades de Regantes tiene su origen en 1913 en los Congresos Nacionales de Riegos, que nacieron con el ánimo de crear un organismo permanente dedicado a la ejecución de obras públicas que favorecieran un mejor aprovechamiento de las aguas. Estos encuentros, interrumpidos a raíz de la Guerra Civil española, volvieron a retomarse en 1964 con la celebración del I Congreso Nacional de Comunidades de Regantes en Valencia. Desde entonces y hasta la fecha, se han celebrado un total de once congresos en las ciudades de Valencia, Sevilla (2), León, Murcia, Zaragoza (2), Granada, Badajoz, Castellón y Palma de Mallorca.
FENACORE es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, creada en 1955, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el objetivo de aunar esfuerzos y voluntades en la defensa de sus legítimos intereses y derechos de uso del agua. En la actualidad, cuenta con numerosas entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir, más del 50% del regadío nacional. Además, es órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y vocal nato del Consejo Nacional del Agua. En el marco internacional, FENACORE es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC), que representa en Bruselas a todos los países miembros.
