FENACORE es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, creada en 1955, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el fin de defender sus intereses y derechos de uso del agua. En la actualidad, cuenta con más de 300 entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y más de dos millones de hectáreas, es decir, más del 50% del regadío nacional. FENACORE trabaja estrechamente con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Además, es órgano consultivo del Ministerio y vocal nato del Consejo Nacional del Agua. En el marco internacional, FENACORE es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC).
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) considera que la política de aguas en 2011 ha venido marcada por la devolución definitiva de las competencias del Guadalquivir traspasadas a la Junta de Andalucía hace tres años, iniciándose así el camino hacia la 'cordura hidrológica' y dibujando la línea que el Ejecutivo deberá seguir en esta materia a lo largo de esta legislatura.
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, se refirió hoy al nuevo ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, como una 'garantía para el sector', ya que acumula una larga experiencia y conocimiento previo como titular de la cartera entre los años 2000 y 2004 durante el Gobierno de José María Aznar.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha instado a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava, a interponer recurso de inconstitucionalidad en el plazo de tres meses contra el artículo 94 del texto refundido de la Ley de Aguas, que reconoce a las comunidades la potestad de asumir competencias sobre las comisarías de aguas cuando así lo recogen sus respectivos estatutos de autonomía.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) insta al nuevo Gobierno que saldrá de las urnas del próximo 20-N a proseguir con la línea continuista iniciada con la devolución de competencias del Guadalquivir, de manera que sea única y exclusivamente el Estado el que tome las riendas en materia de política de aguas protegiendo los principios de unidad de cuenca y gestión que ampara nuestra Constitución y la Directiva Marco de Aguas (DMA).